El pasado 3 de enero de 2008, muere a manos de las fuerzas policiales del Estado, Matías Catrileo, joven estudiante y luchador mapuche.
Por los medios de comunicación, circula la versión oficial de los hechos: un enfrentamiento armado con “fuego cruzado” como digiera el vocero de gobierno Felipe Harboe, aun cuando, como lo evidencian los resultados, no se tratara más que de una ocupación de terrenos privados y quema de forraje también privados.
Quizás la respuesta violenta del Estado se deba justamente a esto último, la defensa de la propiedad privada y sus intereses – como ocurrió con el asesinato del trabajador Rodrigo Cisternas por participar en la toma de una empresa forestal - legitimados posteriormente por medio del engaño: la muerte de un mapuche como resultado de una “respuesta efectiva” por parte de carabineros ante un enfrentamiento en igualdad de condiciones con fuerzas beligerantes.
El mensaje es claro: todo aquel que luche por sus derechos y se oponga a la ley del Estado y el capital privado, será castigado y condenado como terrorista, categoría procedente de las mismas leyes heredadas por la dictadura totalitaria. Es claro que el regreso a la democracia, en este sentido, no implica en sí un tránsito a ningún otro lugar más que aquél en que el totalitarismo nos dejó.
Felipe Harboe, hablando desde las investiduras del poder, señala que la muerte de un mapuche es un hecho aislado y que en Chile lo que existe es un Estado de Derecho.
Al respecto, debiéramos considerar que Matías suma el número 5 entre los muertos mapuche a manos del Estado en los últimos 6 años, que las comunidades mapuche de la 9ª región se encuentran permanentemente sitiadas por policía militariza (investigaciones y carabineros con armamento y procedimientos de guerra), que los allanamientos son frecuentes y sostenidos en el tiempo, que las comunidades han sido desarticuladas por el encarcelamiento de sus autoridades políticas y religiosas (Lonko y Machi), que mientras los niños juegan son apuntados por fusiles en sus cabezas, que los ancianos son golpeados duramente y tratados como criminales por el zarpazo rapaz de la policía que persigue armas, explosivos, terroristas peligrosos, conexiones con organizaciones terroristas internacionales y todo indicio de actividad subversiva.
Se persigue a un enemigo supuesto como altamente peligroso, preparado y especializado, con alta capacidad de fuego y destrucción, sin embargo, en cada allanamiento lo único encontrado sistemáticamente han sido ondas de madera, boliadoras y propaganda reivindicativa.
El discurso oficial del Estado recubre así, un gesto ideológico fundamental: su violencia represiva, su carácter de Estado de Excepción permanente, presto a expresar su reverso totalitario toda vez que en escena se active un sujeto que estimule las transgresiones de lo que es normado, de lo instituido por la Ley del capital.
El accionar del Estado en las comunidades mapuche, se ha centrado en la producción de un sujeto por medio de su captura en una imagen cuyo correlato efectivo es la del terrorista-delincuente, con la cual ha logrado cancelar radicalmente la legitimidad de su lucha, privarla de todo estatuto jurídico y proceder a la eliminación física de todo aquel que, por su accionar, resulte no integrable para el sistema político nacional.
La represión política en las comunidades mapuche ha pasado de ser una excepción para coincidir perfectamente con la regla, donde lo extremo de la violencia y agresión estatal se convierten en el paradigma mismo de lo cotidiano y las vidas son sometidas al control y disciplinamiento del terror, el estigma y el castigo.
Cuando se intenta amordazar la reivindicación mapuche por la tierra - ley antiterrorista y de seguridad del Estado mediando – es precisamente la tecnología jurídica la que articula el castigo y la justificación del asesinato. La suspensión del Estado de Derecho, muestra así la obscenidad intrínseca de la ley, su reverso totalitario fundado en la violencia permanente, de modo que dicha suspensión coincide con la suspensión misma de la ética.
La obscenidad de este procedimiento, también es revelado al prohibir y castigar la utilización de la violencia como medio de acción política, aun cuando desconozca dicho estatuto a través de su criminalización: el mapuche “terrorista-delincuente” es aislado así de todo contexto o matriz histórica, otorgándole amplias facultades represivas a los aparatos de Estado (jurídicos y policíacos) en la tarea de disciplinar y castigar la diferencialidad política expresada por el sujeto capturado ideológicamente como terrorista.
Cuando Harboe justifica el asesinato de Matías, lo que efectivamente hace es legitimar un orden de ilegitimidades; cuando sindica a los mapuche como delincuentes, no hace más que desplazar y condensar en su figura el antagonismo fundamental que incansablemente re-aparece en escena por medio de los trabajadores del cobre, los mineros cesantes de Coronel y de Lota, los estudiantes secundarios, los deudores habitacionales, y tantos otros que sin cesar están dispuestos a demostrar el reverso totalitario y represivo de la democracia y su matriz clientelar en alianza a los grandes capitales.
Matías ha muerto, sin embargo, con ello no acaban las contradicciones que dieron origen a su lucha, el mejor homenaje para él será pues, denunciar los hechos, visibilizar lo que a diario ocurre en las comunidades mapuche y asumir un lugar de compromiso ético: o mantenemos silencio y nos convertimos en cómplices de la barbarie o nos ponemos del lado de los que luchan incansablemente por transformar sus condiciones de dominación de modo que la vida resulte digna de ser vivida.
Aun Tenemos Patria
Por los medios de comunicación, circula la versión oficial de los hechos: un enfrentamiento armado con “fuego cruzado” como digiera el vocero de gobierno Felipe Harboe, aun cuando, como lo evidencian los resultados, no se tratara más que de una ocupación de terrenos privados y quema de forraje también privados.
Quizás la respuesta violenta del Estado se deba justamente a esto último, la defensa de la propiedad privada y sus intereses – como ocurrió con el asesinato del trabajador Rodrigo Cisternas por participar en la toma de una empresa forestal - legitimados posteriormente por medio del engaño: la muerte de un mapuche como resultado de una “respuesta efectiva” por parte de carabineros ante un enfrentamiento en igualdad de condiciones con fuerzas beligerantes.
El mensaje es claro: todo aquel que luche por sus derechos y se oponga a la ley del Estado y el capital privado, será castigado y condenado como terrorista, categoría procedente de las mismas leyes heredadas por la dictadura totalitaria. Es claro que el regreso a la democracia, en este sentido, no implica en sí un tránsito a ningún otro lugar más que aquél en que el totalitarismo nos dejó.
Felipe Harboe, hablando desde las investiduras del poder, señala que la muerte de un mapuche es un hecho aislado y que en Chile lo que existe es un Estado de Derecho.
Al respecto, debiéramos considerar que Matías suma el número 5 entre los muertos mapuche a manos del Estado en los últimos 6 años, que las comunidades mapuche de la 9ª región se encuentran permanentemente sitiadas por policía militariza (investigaciones y carabineros con armamento y procedimientos de guerra), que los allanamientos son frecuentes y sostenidos en el tiempo, que las comunidades han sido desarticuladas por el encarcelamiento de sus autoridades políticas y religiosas (Lonko y Machi), que mientras los niños juegan son apuntados por fusiles en sus cabezas, que los ancianos son golpeados duramente y tratados como criminales por el zarpazo rapaz de la policía que persigue armas, explosivos, terroristas peligrosos, conexiones con organizaciones terroristas internacionales y todo indicio de actividad subversiva.
Se persigue a un enemigo supuesto como altamente peligroso, preparado y especializado, con alta capacidad de fuego y destrucción, sin embargo, en cada allanamiento lo único encontrado sistemáticamente han sido ondas de madera, boliadoras y propaganda reivindicativa.
El discurso oficial del Estado recubre así, un gesto ideológico fundamental: su violencia represiva, su carácter de Estado de Excepción permanente, presto a expresar su reverso totalitario toda vez que en escena se active un sujeto que estimule las transgresiones de lo que es normado, de lo instituido por la Ley del capital.
El accionar del Estado en las comunidades mapuche, se ha centrado en la producción de un sujeto por medio de su captura en una imagen cuyo correlato efectivo es la del terrorista-delincuente, con la cual ha logrado cancelar radicalmente la legitimidad de su lucha, privarla de todo estatuto jurídico y proceder a la eliminación física de todo aquel que, por su accionar, resulte no integrable para el sistema político nacional.
La represión política en las comunidades mapuche ha pasado de ser una excepción para coincidir perfectamente con la regla, donde lo extremo de la violencia y agresión estatal se convierten en el paradigma mismo de lo cotidiano y las vidas son sometidas al control y disciplinamiento del terror, el estigma y el castigo.
Cuando se intenta amordazar la reivindicación mapuche por la tierra - ley antiterrorista y de seguridad del Estado mediando – es precisamente la tecnología jurídica la que articula el castigo y la justificación del asesinato. La suspensión del Estado de Derecho, muestra así la obscenidad intrínseca de la ley, su reverso totalitario fundado en la violencia permanente, de modo que dicha suspensión coincide con la suspensión misma de la ética.
La obscenidad de este procedimiento, también es revelado al prohibir y castigar la utilización de la violencia como medio de acción política, aun cuando desconozca dicho estatuto a través de su criminalización: el mapuche “terrorista-delincuente” es aislado así de todo contexto o matriz histórica, otorgándole amplias facultades represivas a los aparatos de Estado (jurídicos y policíacos) en la tarea de disciplinar y castigar la diferencialidad política expresada por el sujeto capturado ideológicamente como terrorista.
Cuando Harboe justifica el asesinato de Matías, lo que efectivamente hace es legitimar un orden de ilegitimidades; cuando sindica a los mapuche como delincuentes, no hace más que desplazar y condensar en su figura el antagonismo fundamental que incansablemente re-aparece en escena por medio de los trabajadores del cobre, los mineros cesantes de Coronel y de Lota, los estudiantes secundarios, los deudores habitacionales, y tantos otros que sin cesar están dispuestos a demostrar el reverso totalitario y represivo de la democracia y su matriz clientelar en alianza a los grandes capitales.
Matías ha muerto, sin embargo, con ello no acaban las contradicciones que dieron origen a su lucha, el mejor homenaje para él será pues, denunciar los hechos, visibilizar lo que a diario ocurre en las comunidades mapuche y asumir un lugar de compromiso ético: o mantenemos silencio y nos convertimos en cómplices de la barbarie o nos ponemos del lado de los que luchan incansablemente por transformar sus condiciones de dominación de modo que la vida resulte digna de ser vivida.
Aun Tenemos Patria
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